OTRAS VÍCTIMAS 

Por: Ramón Edwin Colón Pratts  

Once años atrás, un periodista fanático, de pluma fácil e indigente redacción, publicó un artículo de encargo contra un juez de Aguadilla. Esperé a que alguien le contestara al liviano redactor pero nadie dijo nada. Decidí responder a los motivados disparates y falsedades del corresponsal de encargo en un escrito que se llamó Hemos esperado bastante. Años después ocurrió algo similar cuando el fiscal federal Gil Bonar formó un bochinche fantasioso y mendaz en la Región Judicial de Ponce. El federal había fisgoneado a algunos jueces a través del teléfono (práctica prohibida por nuestra constitución) y el juez presidente del Tribunal Supremo de San Juan, aún siendo la información producto ilegal en nuestros procesos, salió corriendo a hacer una investigación porque Gil había bembeteado. Volví a esperar y nuevamente, nadie dijo nada. Publiqué El Fisgón. Ambos escritos forman parte de mis libros Estilete y Lezna. 

Tengo la obligación profesional y moral de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden de la administración de la justicia. Como escritor, me asigno estas letras de oficio en holocausto del qué dirán porque los jueces, que se convierten en víctimas de algunos desentendidos, y que trabajan en las salas públicas de las defensas, les están vedadas las defensas públicas. Los cánones de ética se lo prohíben y si hay prohibición hay castigo: no lo pueden hacer so pena de ser castigados. Es por eso que algunos periodistas intentan vapulearlos. Darle al que no responde, como oficio de “bullying” periodístico, es un guame. Desde hace unos años, los jueces federales, con graciosas poses de doctos, le hacen el juego a los periodistas (en ese orden) e intentan convertir en palillos al que consideran árbol caído. Cada vez que un magistrado federal embelequero quiere regañar a nuestra judicatura, zumba un dislate en o fuera de un juicio que denota falta de juicio. De esos no hay que decir mucho porque todos conocen de la zanca que cojean. 

Últimamente, esa múcura perforada que chorrea mediocridad y que le llaman poder ejecutivo, para levantar cortinas de humo en evitación de que lo sigan descubriendo en sus escamoteos, también se une a la comparsa de periodistas irresponsables y federales disparateros. Cuando el periodista desenfunda, los federales y el ejecutivo hablan, el juez presidente tiembla y los jueces vapuleados livianamente terminan referidos a la Oficina de Asuntos Legales de la Administración de los Tribunales. Nadie dice nada porque la defensa parece que es asunto vedado para los jueces y aquí, el que no tiene miedo es porque está temblando.

El 11 de noviembre, en Aguadilla, un despechado le dispara a su ex compañera y luego se suicida. La Procuradora de la Mujer, que no debe existir porque su mera mención denota discrimen (¿se imaginan una oficina del procurador del hombre?) entra en estado de chifladura y le echa la culpa del desgraciado incidente a los jueces Diómedes González Velázquez y Rafael Ramos Sáenz. La frivolidad de su argumentación es casi una imputación de que fueron ellos los que dispararon y se suicidaron. Muy escandalizada, perturbada y falsamente preocupada, por poco inculpa de la fatalidad a los dos jueces porque no le pusieron un grillete al suicida. Fue ese comentario el que encendió la mecha de la lengua periodística que activó una investigación innecesaria con efectos difamatorios.
Los jueces diligentemente hicieron lo que tenían hacer: expidieron orden de protección en contra del agresor, determinaron causa por haber violado la orden, fijaron una fianza y ordenaron que se pusiera un grillete. La encargada de colocar grilletes, es la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, que se supone lo instale simultáneamente con la prestación de fianza. No lo hicieron. En aquel momento, la ahora acusadora, que es la Procuradora, que tiene oficina en el Tribunal Municipal y recibe notificación de todas las determinaciones de órdenes de protección y de arrestos por ley 54, por lo que su obligación es evaluar el caso para proteger a la posible víctima del agresor, no hizo nada. Nada, pero ahora, para salvar su responsabilidad, le echa la culpa a los jueces que no pueden hablar. 

En este caso, ¿qué resolvía un grillete? La situación es similar a Estremera v. Inmobiliarias Rac, Inc., 109 DPR 852. En ese caso, la familia del asesinado demandó al dueño del lugar del asesinato porque no colocó unas bombillas en una escalera. El Supremo, citando a Enneccerus dijo: “¿Acaso el sastre que retrasa la entrega de un abrigo de viaje que se le había encargado tendrá que responder realmente si le sobreviniera a su cliente un accidente ferroviario a virtud de haber aplazado el viaje por ese motivo?” En la herida y suicidio en Aguadilla, tragedia lamentable, un grillete electrónico, ¿hubiese evitado que un kamikaze le disparara a su víctima? No hay duda de que los jueces actuaron diligentemente y conforme a derecho. No busquemos chivos expiatorios que el problema es mucho más profundo que la lavada de manos que se quiere dar la procuradora con el aval de los que están en el perenne éter cósmico. 

1 de diciembre de 2011